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LA TRANSFERENCIA INCONCLUSA

¿Por qué no se implementa el proceso de transferencia de licencia de funcionamiento en las municipalidades?

Publicado: 2017-11-14

Han transcurrido más de 190 días desde que fue promulgado el Decreto Supremo n° 046-2017-PCM el cual aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley n° 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y Formatos de Declaración Jurada, de fecha 19 de abril del 2017.

Dicho dispositivo legal -entre otras propuestas igual de interesantes- aprobó en su artículo 11-A la transferencia de Licencia de Funcionamiento tanto entre personas naturales como de estas a personas jurídicas y viceversa, condicionado a que estas (las Licencias de Funcionamiento) se transfieran siempre que el negocio esté en marcha y que tango los giros y la zonificación se mantengan vigentes, bastando con acreditar la misma con el documento de transferencia correspondiente, cualquier tema adicional sería materia de la denominada fiscalización posterior.

Del mismo modo quedó establecido que el citado dispositivo legal debería de entrar en vigencia a los 180 días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación. La norma es muy clara: en dicho plazo corresponderá a las municipalidades adecuar su respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) a efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstas en dicha Ley. Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, operará la derogación de aquellas disposiciones, requisitos y demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el Supremo n° 046-2017-PCM.

A pesar de lo claro de la norma y del plazo transcurrido, las adecuaciones del TUPA en lo concerniente a los requisitos, trámites, plazos, costeos, etc del procedimiento de transferencia de Licencia de Funcionamiento -entre otros- parece haber caído en saco roto. En reciente revisión del TUPA de los principales distritos de Lima (Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, Lince, etc) el procedimiento de transferencia de licencia no ha cumplido con ser adecuado e implementado, ni que decir de los municipios de provincia donde dicha constante también se mantiene.

Es importante indicar que los cambios sufridos en otras normas vinculadas a esta no tienen en lo absoluto porque perjudicar la implementación del TUPA de los municipios distritales. En efecto, no nos olvidemos que el Decreto Legislativo n° 1200 de fecha 22 de setiembre del 2015 (norma que modificaba los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,13, y 15 de la Ley de Licencia de Funcionamiento n° 28976) estableció a modo de innovación procedimental y con el supuesto aval de facilitar el acceso al mercado, que los Certificados de Inspección Técnica en Edificaciones -muy importantes y necesarios para obtener la respectiva Licencia de Funcionamiento - tendrían una vigencia indeterminada. Se hablo incluso de que se tendría que aprobar un nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas en Edificaciones -debió de estar listo a los 120 días calendario de la publicación del D. Leg. 1200- y a su vez el D. Leg. 1200 entraría en vigencia una vez sea aprobado el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas en Edificaciones. No obstante, hasta la fecha no sólo se ha incumplido con siquiera discutir y aprobar el nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas en Edificaciones sino que parte del D Leg 1200 fue modificado por el artículo Unico de la Ley n° 30619 el cual volvió a modificar el plazo de duración de los Certificados de Inspección Técnica en Edificaciones, pues ya no tendrían vigencia indeterminada sino que ahora tendrían una vigencia de 02 años.

Este vaivén en torno a la vigencia e implementación del inexistente el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas en Edificaciones tendría algo que ver en la falta de implementación del TUPA de los municipios distritales en lo referido a la Transferencia de Licencia de Funcionamiento. Considero en lo personal que no. Existe un Comunicado del CENEPRED de fecha 31 de Julio del 2017 que nos ratifica la vigencia -aún- del Decreto Supremo n° 058-2014-PCM y que los Certificados de Inspección Técnica en Edificaciones sólo tienen una vigencia de 02 años.

Y entonces qué fue del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas en Edificaciones que debía de operar a cargo del CENEPRED, pues aún sigue en proyecto y no ve la Luz desde el 19 de mayo del 2016. Esperemos que próximamente sea debatido y aprobado.

Mientras tanto, no existe mayor impedimento para que en el TUPA de los gobiernos distritales y/o provinciales no se implementen y/o no se adecuen los requisitos y/o procedimientos para la transferencia de licencia de funcionamiento. Si bien la inacción o inactividad de la administración pública no es considerada propiamente dicha como una barrera burocrática en aplicación de lo establecido en el inciso c) del numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo n° 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas- no es menos cierto que tanto los Alcaldes como los gerentes municipales de los distintos corporativos locales y/o provinciales al formar parte del aparato administrativo y de organización territorial del Estado son los responsables de satisfacer e implementar el canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos y de gestión de las correspondientes colectividades de sus jurisdicciones tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades; del mismo modo no olvidemos que el artículo II de la Ley del Servicio Civil -Ley n° 30057- establece como una de sus finalidades que las entidades públicas del Estado alcance mayores niveles de eficiencia y eficacia, y presten servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil.

Lo expuesto viene a colación por tres motivos muy importantes vinculados a la Ley del Servicio Civil N° 30057; el primero, es el referido a que tanto los alcaldes, tenientes alcaldes y regidores son considerados como funcionarios públicos en la modalidad de elección municipal directa al igual que lo es el gerente municipal en la modalidad de libre designación y remoción; el segundo, referido a que son obligaciones de los servidores civiles el cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio civil, aunado al hecho de que deben mejorar continuamente sus competencias manteniendo la iniciativa en sus labores; y tercero, que sin perjuicio del respectivo proceso de implementación de la Ley Servir, el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador es aplicable para todos los funcionarios del Servicio Civil sin excepción tal como lo establece la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley n° 30057.

La falta de implementación del TUPA para los cambios sugeridos y aprobados hace más de 190 días mediante el Decreto Supremo n° 046-2017-PCM el cual aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley n° 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y Formatos de Declaración Jurada, de fecha 19 de abril del 2017, exige una pronta solución y en la medida de la posible su respectiva implementación.

Antonio Álvarez Silva

Especialista en temas municipales


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